Por: Ricardo Partal Silva
Presidente Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas OMCPL
ricardo.partal@omcpl.org
Ricardo Partal Silva
En marzo de 2025, el gigante financiero BlackRock sorprendió a los mercados al liderar un consorcio — junto con Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de la naviera MSC — para adquirir una participación mayoritaria en los activos globales de CK Hutchison, valorados en 22.800 millones de dólares.
Entre esos activos se encontraban dos puntos neurálgicos del comercio mundial: los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados a ambos extremos del Canal de Panamá, operados por Panama Ports Company (PPC).
La transacción fue presentada como un movimiento de expansión estratégica, pero su trasfondo va mucho más allá de una operación comercial. Ocurrió en medio de una creciente presión estadounidense para limitar la influencia china en infraestructuras críticas a nivel global.
El Canal de Panamá, que mueve más del 6% del comercio marítimo mundial, se ha convertido nuevamente en escenario de competencia entre potencias, solo que esta vez el tablero se disputa a través de capitales, concesiones y fondos de inversión.
En julio de 2025, el Contralor General de Panamá presentó dos demandas históricas contra Panama Ports Company: una por inconstitucionalidad del contrato original de 1997 y otra por nulidad de la prórroga de 25 años otorgada en 2021. Ambas acciones se apoyan en una auditoría que reveló que el Estado habría dejado de percibir alrededor de 1.200 millones de dólares, lo que reavivó un debate interno sobre soberanía, transparencia y beneficios nacionales.
Con el caso ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, Panamá se encuentra en la antesala de una decisión que podría reconfigurar el mapa logístico del Continente. El fallo — esperado en cualquier momento — podría desembocar en un escenario de disrupción sin precedentes.
Si la Corte falla en contra de la concesión, Panama Ports se quedaría sin activos válidos para transferir a BlackRock, dejando a este último sin base legal para concretar la compra. El proceso podría detenerse abruptamente, y cualquier nueva licitación tomaría al menos seis meses, un período eterno en la escala de las cadenas de suministro.
Un fallo adverso tendría un efecto dominó similar al ocurrido con la mina de First Quantum, obligando a PPC a suspender operaciones. El impacto sería inmediato: los contenedores de Maersk quedarían paralizados en Balboa, en el Pacífico, y los de MSC, en Cristóbal, en el Atlántico. En conjunto, ambos puertos movieron en 2024 más de 4.1 millones de TEUs y conectan más de 60 servicios marítimos internacionales. Su paralización afectaría a todo el hemisferio, desde Houston hasta los puertos en Sudamérica, y desde Rotterdam hasta Singapur.
Una interrupción simultánea en Balboa y Cristóbal no solo bloquearía el tránsito logístico de contenedores: repercutiría en los costos, tiempos y equilibrios estratégicos del comercio mundial. Los puertos de Colón, Manzanillo, Cartagena y Kingston absorberían parte del tráfico, pero ninguno posee la capacidad inmediata para sustituir el rol dual de Panamá como hub de transbordo interoceánico.
Las repercusiones se sentirían en las cadenas manufactureras globales, especialmente en sectores electrónicos, automotrices y farmacéuticos. También afectaría al comercio energético y petroquímico, que depende de los flujos regulares entre el Golfo de México y Asia. Además, el caso amenaza con reavivar tensiones geopolíticas.
El hecho de que un fondo estadounidense como BlackRock se vea afectado por decisiones judiciales locales en un país donde la influencia china ha sido históricamente visible, genera una compleja mezcla de intereses estratégicos, soberanía nacional y competencia sistémica.
El Canal de Panamá y su ecosistema portuario siempre han sido más que simples infraestructuras: son instrumentos de poder económico y diplomático.
Un fallo judicial que paralice a Panama Ports podría convertirse en el mayor shock logístico del Hemisferio Occidental en la última década, con implicaciones que trascienden el comercio. Desde Wall Street hasta Shanghái, los operadores logísticos, aseguradoras y navieras siguen el caso con atención.
En medio de la incertidumbre, la OMCPL mantiene vigilancia activa sobre la evolución del proceso judicial y sus posibles consecuencias. De confirmarse la suspensión, el mundo volvería a mirar hacia Panamá, no como el lugar que une los océanos, sino como el eslabón crítico, donde la cadena global puede romperse.
